De qué hablamos cuando hablamos de lectura de alto nivel
En una de las sesiones de LECTURALAB 25, los profesores Fernando Flores, constitucionalista, y Susana Gala, especialista en didáctica de la literatura, dialogaron sobre una pregunta de fondo: ¿puede y debe considerarse la lectura un derecho humano? ¿Y qué implica eso para la escuela, para las políticas públicas y para quienes enseñan literatura?
Fernando Flores: desarrollo sobre el derecho a la lectura
Fernando Flores abrió la sesión desde su visión como jurista: hoy la lectura no es un derecho reconocido en los grandes textos: aparece dispersa en normas menores, ordenanzas locales o declaraciones simbólicas, pero no figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos, ni en los grandes pactos internacionales, ni en la Constitución española. Lo paradójico, subrayó, es que leer es condición de posibilidad de muchos derechos que sí están reconocidos. Sin lectura no hay ejercicio pleno de la libertad de pensamiento, del derecho a la educación, de la participación política, del derecho al trabajo o incluso de la libre circulación si ni siquiera podemos entender las señales. La lectura funciona como un «derecho llave»: a través de ella se activan otros derechos ya existentes, pero ella misma permanece jurídicamente invisible.
Para que algo sea un derecho, recordó Flores, no basta con que sea moralmente deseable: tiene que poder exigirse y tiene que generar deberes concretos para otros actores. Si no hay deberes justiciables, lo que tenemos es una obligación moral, valiosa pero sin efectos jurídicos. Y sin embargo, la lectura reúne todas las características de un auténtico derecho humano: es un bien vital para la persona –«leer es respirar», citó– y un bien vital para la sociedad. No podemos entender una democracia sin una ciudadanía capaz de leer con suficiente profundidad. De ahí la pregunta nuclear de su intervención: ¿debemos incorporar la lectura al núcleo del pacto social que encarna la Constitución, junto a la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político?
Para Flores, reconocer la lectura como derecho serviría al menos para tres cosas. En primer lugar, elevaría su estatus simbólico y político: sería situarla al nivel de los bienes que consideramos fundamentales para la vida en común. En segundo lugar, proporcionaría un marco general para discutir qué entendemos por leer, con qué finalidad y quiénes son los sujetos implicados, tanto titulares del derecho como obligados a garantizarlo. Y en tercer lugar, generaría obligaciones reales: repercusiones en la legislación, en las políticas públicas y en la jurisprudencia. De hecho, recordó sentencias en países como Estados Unidos o Canadá que han anulado decisiones que excluían a inmigrantes o minorías de programas de alfabetización, argumentando precisamente la vulneración del «derecho a leer».
Pero, si hablamos de un derecho, hay que precisar su contenido. No todo lo que llamamos «leer» está necesariamente protegido por ese derecho, del mismo modo que no toda expresión está amparada por la libertad de expresión. Para Flores, el derecho a leer comprende al menos tres dimensiones: saber leer, poder leer y ser libre para leer. Saber leer remite a la alfabetización básica: la capacidad mínima para desenvolverse en la vida social sin quedar marginado, comprender una notificación administrativa o una señal de tráfico. Poder leer supone que, incluso sabiendo leer, las personas tengan acceso efectivo a materiales, espacios y mediaciones, teniendo en cuenta las desigualdades de origen, lengua, discapacidad o situación migratoria. Y la libertad de leer implica tanto la autonomía para elegir qué leer -frente a censuras, prohibiciones o retirada de libros de bibliotecas y escuelas- como el debate sobre a quién y en qué medida puede «obligarse» a leer, especialmente en contextos educativos.
Más allá del nivel básico, Flores insistió en la dimensión de «lectura ambiciosa», tal y como la había denominado Luis González (director de la FGSR). La lectura, entendida como comprensión profunda y contextual, nos introduce en la complejidad del mundo, en su carácter conflictivo y plural. Esa capacidad de situar los problemas en contexto es, para él, una condición de la conducta democrática: quien entiende la pluralidad asume mejor el conflicto y es menos proclive a respuestas autoritarias. De ahí la importancia estratégica de decidir qué lecturas se promueven, cómo se forman los mediadores, qué diversidad de textos se incorpora y qué grupos se priorizan. En esta arquitectura del derecho a leer, destacó también el papel de los «imprescindibles de la lectura» –escritores, editores, traductores, bibliotecarios, libreros, docentes– y la responsabilidad indeclinable de los poderes públicos, llamados a organizar políticas de lectura que no den por supuesta la adhesión a la democracia, en un momento en que ese consenso se resquebraja en muchos lugares.
Susana Gala: Enseñar literatura es entregar un don
La intervención de Susana Gala continuó el hilo desde otro ángulo: el de la formación de maestros y maestras. Confesó que llevaba años hablando del «derecho a la lectura» sin ser del todo consciente de la diferencia entre un derecho moral y un derecho jurídico. En su práctica docente, ese «derecho» se concretaba sobre todo en la convicción de que los niños tienen derecho al acceso a la lectura y que alguien debe garantizarlo. Ese «alguien», en su caso, son los futuros docentes de Educación Infantil y Primaria que se sientan en sus aulas. Con el tiempo, explicó, ha abandonado el enfoque centrado en géneros y clasificaciones para trabajar más bien en la construcción de una identidad lectora. El reto, sin embargo, es notable: muchos de esos futuros maestros no son lectores y es difícil transmitir algo que no se vive con afecto y disfrute.
Gala describió una confusión frecuente entre los intereses personales del profesor y los derechos de los alumnos: como si la falta de gusto por la lectura justificase no ofrecerla. Para ilustrarlo, recurre a una comparación sencilla con la fruta: que a un docente no le guste la fruta no le autoriza a retirarla de la dieta de los niños. Del mismo modo, sus preferencias literarias no pueden condicionar el acceso de los estudiantes a un bien que se concibe como derecho. Desde esa premisa, defendió la necesidad de un fomento de la lectura «activo y consciente»: no basta con proponer libros, hay que explicar a los futuros lectores que se les está ofreciendo algo a lo que tienen derecho y que ese gesto forma parte del valor del acto educativo.
Desde su posición de profesora de literatura, Gala fue más allá: no se trata solo del derecho a leer, sino del derecho a acceder al arte, y la literatura es una forma esencial de arte que no debería ser prescindible. Enseñar literatura, dijo, es entregar un don: la posibilidad de pensar, sentir, emocionarse, razonar y desarrollar pensamiento crítico a través del texto literario. Ese don, sin embargo, exige una condición: que la literatura sea evocadora y que se preserve una esfera de libertad interior en el lector. Por ello, se mostró crítica con una didáctica excesivamente tuteladora, que convierte cada lectura en una batería de ejercicios y controles. Cuantos más aparatos didácticos se interponen, menos espacio queda para la evocación y la interpretación propia. Gala reivindicó la lectura libre en este sentido: acompañada, sí, pero no colonizada por la evaluación constante.
Sobre la cuestión, siempre polémica, de la obligatoriedad, su postura fue clara: si consideramos la lectura -y en particular la literatura de calidad- como un derecho, hay que garantizarla, y eso implica que en la escuela haya lecturas obligatorias y ambiciosas. Nadie le preguntó en su día si quería estudiar ecuaciones, recordó, y sin embargo hoy se alegra de que le obligasen, porque de otro modo le habrían hurtado un aprendizaje importante, aunque no pueda explicitar exactamente su beneficio. No podemos dejar en manos de niños y adolescentes, todavía sin el bagaje necesario, la responsabilidad de acertar en la elección de textos que les conecten con un fondo común de cultura. El objetivo último es que puedan elegir libremente, sí, pero elegir con criterio. Y eso requiere una guía inicial, sin caer en la ilusión de que de cada aula saldrán masas de lectores entusiastas: lo que se siembra son trayectorias lectoras que deberán continuar más allá de la escuela.
Debate sobre el activismo lector
En la conversación posterior, ambos ponentes abordaron las implicaciones legales y políticas de esta visión. Flores explicó cómo el reconocimiento de nuevos derechos -el derecho al agua, más recientemente el derecho a los cuidados- ha sido fruto de largos procesos de activismo social y de negociación institucional, que acaban cristalizando en textos jurídicamente vinculantes. Algo similar podría ocurrir con el derecho a leer, con consecuencias formales (tratados, leyes, sentencias) y materiales (recursos, políticas, prioridades presupuestarias). Gala, por su parte, introdujo la noción de activismo lector: poner la literatura al servicio de la transformación social, especialmente en contextos desfavorecidos o con necesidades específicas, y asumir que la docencia en este campo tiene una dimensión militante.
Ambos coincidieron en que ese activismo necesita organización: no basta con la suma de esfuerzos individuales de docentes motivados. Hace falta coordinar estrategias, definir objetivos, pensar cómo medir impactos y cómo articular alianzas entre escuela, familias, bibliotecas, sector editorial y poderes públicos. La responsabilidad de garantizar el derecho a leer, concluyó Gala, no puede recaer únicamente sobre el profesor de literatura: si de verdad creemos que la lectura está ligada a la calidad de la democracia, habrá que repartir esa carga entre muchos más actores.
La sesión se cerró, así, dibujando un puente entre la teoría jurídica y la práctica educativa: de un lado, la propuesta de entender la lectura como un derecho humano que estructura y protege otros derechos; de otro, la defensa de una enseñanza literaria que combine exigencia y libertad, obligatoriedad y don, acompañamiento y respeto a la intimidad del pensamiento. En el cruce de ambos planos -la norma y el aula, el activismo y la política pública- se juega, según Flores y Gala, buena parte de la capacidad de nuestras sociedades para seguir creyendo en la democracia y, sobre todo, para seguir defendiéndola.
